Por Horacio French
En junio pasado, la Policía de Córdoba recibió, de parte del ministerio de Seguridad, la autorización para llamar a una licitación con el fin de colocar 100 nuevas cámaras de vigilancia que ayuden «a reforzar el monitoreo de la capital» provincial[1]. Con ese centenar, se informó, serán ya 540 los dispositivos de este estilo instalados en territorio cordobés, 60 de los cuales se hallan en las cercanías de instituciones educativas. En ese mismo acto, la Policía informó que el uso de las cámaras ya en funcionamiento había permitido disminuir hasta un 50 por ciento de delitos en zonas críticas de la ciudad, y que, en los primeros meses de 2012, la video vigilancia había llevado a la detención de 200 personas por diversos delitos.
Retenga esos números y compárelos ahora con los que, en 2009, dio a conocer el prestigioso diario inglés The Independent. Al poner en cuestión la eficacia de ese tipo de tecnología como herramienta contra el crimen[2], el periódico informó que, según cifras de la policía metropolitana de Londres –una de las ciudades más filmadas en el mundo–, apenas un delito por cada mil cámaras se resolvía por año.
Sí, leyó bien: en todo 2008, por ejemplo, la justicia londinense había dictado sentencia sólo en mil casos que involucraron la utilización de videos, pese a que las calles de la capital inglesa estaban plagadas por más de un millón de dispositivos CCTV (siglas en inglés para el Circuito Cerrado de Televisión). Dos años más tarde, la tendencia se confirmaba, y un editorial publicado en el mismo matutino estimaba que se necesitaban 20.000 libras esterlinas (unos 145.000 pesos) en tecnología de vigilancia por cada crimen resuelto gracias a su accionar[3].
Parecería, a priori, que a los cordobeses nos va bastante mejor que a los ingleses. Doscientas detenciones en medio año, con poco más de 400 cámaras (siendo generosos, un promedio de un detenido por cada dos cámaras), contra mil casos resueltos con un millón de cámaras. ¡Enorme diferencia!
Dejemos de lado, por esta vez, cuestiones como preguntar quién controla lo que afirma la Policía. No nos importa tanto, aquí, saber si las estadísticas que se comparten oficialmente son o no comprobables. Claro que también es tentador querer conocer cómo se sabe que fueron las cámaras de seguridad las responsables de la mentada disminución delictiva en zonas críticas. Nos gustaría, ¡por supuesto!, saber en qué se basa tan temeraria afirmación, si, como bien lo afirma Ignacio Cano, las tasas de criminalidad varían siempre «mucho más en función de factores estructurales que como resultado del desempeño de la policía local»[4]. Pero suspendamos nuestro escepticismo.
Porque lo que acá está en juego va más allá de eso. Lo que se esconde detrás de tales anuncios rimbombantes es mucho más grave. Se trata de la inoperancia de las autoridades a la hora de trabajar con seriedad en la planificación contra el delito. Por eso es importante desnudar el discurso que se intenta vender por enésima vez. Y decir que las cámaras de seguridad puede que sean útiles para el “control” de lo que sucede en la vía pública e, incluso, en muchos casos, en la privada –como sucede con los negocios, con sanatorios, y hasta colegios–, pero que, en soledad, sirven muy poco para la prevención del crimen.
No se busca realizar una crítica a un gobierno o a autoridades de tal o cual color. El problema no es exclusivo de Córdoba. También Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, por poner ejemplos diversos, cuentan hoy con cámaras de seguridad en sus calles. Casi podría decir uno que su instalación, y el anuncio que de ésta se hace se ha vuelto una moda por estas tierras. Moda que no sólo nos llega tarde, sino que, además, nos cuesta cara: el presupuesto dispuesto para la instalación de las 100 cámaras anunciada en junio es de 14 millones de pesos[5].
Lo que sí se pretende es hablar con claridad. Reiterar que bajar los niveles de inseguridad es un objetivo que requiere una visión mucho más panorámica y menos llamada a “hacer tapa” en los diarios; un trabajo constante, con objetivos claros, factibles y de largo alcance. Que “vender” la instalación de cámaras de seguridad como si de una fórmula mágica se tratase no sólo no ayuda, sino que impide pensar en grande y tiende obstáculos en el camino de quienes quieren avocarse –de quienes queremos avocarnos– al problema con seriedad.
Ante las críticas desatadas en Londres, el ex funcionario de Gobierno británico, David Davis describió la situación como «no sorprendente», y evaluó que la misma «debería provocar un amplio y adeudado replanteamiento respecto de dónde se está gastando el presupuesto para la prevención del crimen», puesto que las cámaras de seguridad «conducen a un gasto máximo y a una eficacia mínima; crean una enorme intromisión en la privacidad y, sin embargo, proveen poca o ninguna mejor en la seguridad».
Lo que Davis dijo es, palabras más, palabras menos, lo que también aquí se ha querido aseverar. Es algo, además, en lo que gran parte de los expertos en seguridad coincide. Las tareas de seguridad deben tener características muy precisas en lo que hace a la lucha contra el delito: bajo perfil, profesionalismo y reglas claras y sostenidas en el tiempo, fundamentalmente. Todo lo contrario de lo que se consigue con anuncios como el realizado en junio, mucho más cercanos a la puesta en escena que a la estrategia.
[1] http://www.diaadia.com.ar/policiales/policia-colocara-mas-camaras-seguridad
[2] http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/cctv-in-the-spotlight-one-crime-solved-for-every-1000-cameras-1776774.html?afid=af
[3] http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/philip-hensher/philip-hensher-the-state-wants-to-know-what-youre-up-to-but-why-do-we-let-it-6263187.html
[4] Ignacio Cano, La policía y su evaluación. Propuestas para la construcción de indicadores de evaluación en el trabajo policial.
[5] http://www.boletinoficialcba.gov.ar/archivos12/190612_seccion1.pdf
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